Los hechos parecen claros, por lo que los caldenses esperamos que la Procuraduría General de la Nación tome medidas rápidas.La apertura de investigación al Gobernador de Caldas, Mario Aristizábal Muñoz, por parte de la Contraloría General de la República, en un proceso de responsabilidad fiscal, es un paso clave en el camino del esclarecimiento de las presuntas irregularidades que se han cometido en torno a un otrosí al contrato para la explotación del negocio del chance en Caldas, las cuales han significado que dejaran de llegarle a la salud cerca de $9.231 millones.
De acuerdo con la decisión del ente de control, la medida también cobija a otros ocho funcionarios y a la misma empresa Susuerte, beneficiaria del mencionado contrato, el cual fue suscrito para ejecutarse entre los años 2007 y 2011, con el objetivo de que esa empresa le entregara al sector salud de Caldas $50.497 millones, cifra que Susuerte pidió revisar a comienzos del 2008, cuando Aristizábal Muñoz acababa de posesionarse como Gobernador.
La determinación asumida de acoger el reclamo de la empresa y contratar un nuevo estudio de mercado para ajustar las cifras del dinero que debería transferirse, deja en evidencia que la administración departamental fue demasiado complaciente con los requerimientos de Susuerte, al acceder sin mayores reparos, cosa que la misma Superintendencia de Salud considera salida de los canales regulares, pues no hay antecedentes de que un Gobernador, sin estar obligado, haya ordenado realizar un nuevo estudio y decidido modificar un contrato, en detrimento de los recursos para la salud.
Esa determinación, como bien lo destaca la Corporación Cívica de Caldas en una carta enviada a la Procuraduría General de la Nación, tuvo que provenir directamente del mandatario, pues es evidente que una decisión de semejante magnitud no pudo ser tomada solo por sus subalternos, y que la aceptación del nuevo estudio de mercado (que fue elaborado por Douglas Trade, excontratista de Susuerte) y su aplicación en perjuicio de
la salud de los caldenses tiene que tener responsables, con mayor razón si la norma dice que tal revisión no es obligatoria y que, de haberlo sido, solo se habría podido realizar después del 20 de diciembre del 2008 y no antes, como se hizo.
la salud de los caldenses tiene que tener responsables, con mayor razón si la norma dice que tal revisión no es obligatoria y que, de haberlo sido, solo se habría podido realizar después del 20 de diciembre del 2008 y no antes, como se hizo.
Además, como lo señala el mismo oficio, están probados los vínculos comerciales y societarios que el actual Gobernador ha tenido con los socios mayoritarios de Susuerte, quienes en últimas fueron los beneficiarios de la modificación realizada al contrato. La misma Fiscalía General de la Nación realizó un informe de verificación de lo afirmado en el artículo publicado en LA PATRIA titulado "Empresarios del chance pagaron deuda del Gobernador", en el que se observa el presunto interés indebido en que pudo incurrir Aristizábal Muñoz al autorizar el estudio de mercado en el que se basa la modificación del contrato.
Los hechos parecen claros, por lo que los caldenses esperamos que la Procuraduría General de la Nación tome medidas rápidas. Hay que agregar que la misma Contraloría emitió esta semana una función de advertencia al mandatario y al gerente de Edsa para que se abstengan de entregar por cinco años más el negocio del chance, con base en un estudio que le daría aún menos recursos a la salud del Departamento. Como ese control no es obligatorio, podría imponerse la voluntad del Gobierno Departamental, causando más perjuicios a un sector salud ya demasiado golpeado por la falta de recursos. La Procuraduría debe actuar con prisa.
Este es el segundo proceso de responsabilidad fiscal, adelantado por la Contraloría General de la República, en el que resulta comprometido el mandatario caldense. El primero tiene que ver con los nexos irregulares que se habrían presentado entre contratistas e interventores de la obras del Aeropuerto del Café, en el que además de Aristizábal Muñoz deben responder otras 30 personas entre contratistas y funcionarios.
