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Ya se habla de un plan B para el sistema de salud Colombia Destacado 2011-06-05 - LA PATRIA



Una de las propuestas de actores del sector es hacer transición hacia un sistema de administración regulada, en el que los dineros los administre un banco de la salud o una caja central. Propuesta.
Karina Ausecha
COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
Ya son años en los que actores del sistema de salud y pacientes manifiestan que el modelo de aseguramiento en salud no aguanta más. Algunos son partidarios, incluso, de la abolición de las EPS y de la cadena de intermediación del sector, a la cual le atribuyen el desbarajuste financiero del sistema.
El senador Jorge Enrique Robledo es uno de los partidarios de acabar la figura de las EPS del sistema, porque dice que son inoficiosas: "En un sistema de salud debes tener médicos, enfermeras, hospitales, clínicas, laboratorios, pero no EPS. Estas cobran la administración, pero además sacan las ganancias del sistema y esa práctica es la que induce la corrupción".
Con esta postura concuerdan agremiaciones de pacientes, quienes han organizado manifestaciones públicas de protesta contra los actos de corrupción develados por el Gobierno en los últimos meses y que le atribuyen directamente a las EPS.
Sin embargo, el expresidente de Acemi (gremio de empresas promotoras), Juan Manuel Diazgranados, en su última entrevista, concedida a Colprensa antes de renunciar, dejó claro que así se acaben las EPS alguien tendría que hacerse cargo de las funciones que hoy tienen estas entidades.
Entre otras cosas, afiliar a las personas, caracterizar a los pacientes, desarrollar programas de prevención, brindar protección financiera, estructurar la prestación de los servicios a través de las redes de atención y manejar las cuentas médicas.
Para Diazgranados la solución de la crisis que atraviesa el sistema no es derogar la Ley 100 ni acabar las EPS, sino desligar a estas entidades de la prestación de servicios que están por fuera del POS, una responsabilidad que tendría el Estado, en un modelo que él mismo no tiene claro cómo funcionaría.

Imploran cambio
La Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, Acesi, es una de las agremiaciones que pide a gritos un cambio urgente en el sistema actual de aseguramiento. En una carta abierta al presidente Juan Manuel Santos, Acesi manifiesta que la situación se hace insostenible para los hospitales públicos, que soportan una cartera vencida de más de 3 billones de pesos.
Según la Asociación, los últimos hechos de corrupción en el sector de salud ratifican que la intermediación en el sistema es innecesaria y que son más los problemas que causa que los posibles aportes. "Queda demostrado que en realidad las ‘administradoras de planes de beneficios' tienen como objetivo de su accionar colocar trabas jurídicas y administrativas que obstaculizan la atención integral y expedita de la población, al perseguir como fin fundamental de su visión lograr rentabilidad económica en detrimento de la salud de las personas", dice la carta.
Acesi le pide al Presidente que revise cómo se puede migrar gradualmente a un sistema de salud que incorpore un modelo de atención integral y una articulación de las políticas públicas, en el que se contemplen estrategias como la atención primaria en salud, así como en el uso transparente, planificado y pertinente de los recursos financieros, físicos, tecnológicos.
Propuesta concreta
El Director de la Asociación de Hospitales y Clínicas, Juan Carlos Giraldo, es uno de los partidarios de construir sobre lo que se tiene, mirar las experiencias exitosas en el exterior y hacer una revisión nacional para preservar lo que está funcionando bien.
Por años ha pregonado la necesidad de un cambio estructural al sistema de aseguramiento, que, para Giraldo, piensa más en el riesgo financiero y mira a corto plazo, porque es curativo, es decir, su forma de pago es por eventos y tiene muy poca planeación.
Plantea tres opciones: una enfocada a un sistema de aseguramiento pleno, en el que la base es el asegurador; otra en administración regulada, enfocada en el usuario, y la última basada en la atención primaria, que incluya prevención y promoción de salud.
Según Giraldo, el país tiene que llegar a un sistema que busque a las personas sanas para promocionar la salud y evitar la enfermedad; mientras tanto, desde el sistema actualmente se debe hacer una transición hacia uno de administración regulada.
Una de las características de este modelo sería tener empresas especializadas para cada una de las funciones, es decir, unas para manejar los dineros del sistema y otras especializadas en gestión en salud, que representen los intereses de los usuarios.
Por eso dice que no es necesario que las EPS desaparezcan, sino que se redefina sus funciones, para que se encarguen de los temas administrativos, pero que no tengan que manejar los recursos del sistema, la "golosina" que, según el Director de la ACHC, hay que quitarles a las manos inescrupulosas.
Las entidades que gestionen la salud se especializarían exclusivamente en esta función, por ello una misma empresa debería poder manejar población del régimen contributivo y del subsidiado, lo cual, entre otras cosas, disminuiría costos en la administración del sistema.
En cuanto al tema de los recursos, la propuesta de Giraldo contempla crear un banco de la salud o una caja central que maneje los recursos del sistema, especialmente los destinados a la UPC (unidad de pago por capitación) que se paga por cada usuario, para que no sea utilizado con otros fines.
Dentro de sus funciones estaría el pago a prestadores de servicios, previa autorización de las entidades que gestionan la salud, y la producción periódica de un informe sobre los ingresos y gastos en salud, con sus respectivas recomendaciones.
La cifra
Según la Asociación de Colombiana de Hospitales y Clínicas, las deudas de las EPS, entes territoriales y el Fosyga, con los hospitales y clínicas del país asciende a los $3,7 billones, con corte al 31 de diciembre de 2010.
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Foto | Archivo | LA PATRIA
Algunos son partidarios, incluso, de la abolición de las EPS y de la cadena de intermediación del sector, a la cual le atribuyen el desbarajuste financiero del sistema.