Realmente es el colmo que no exista protección adecuada para jueces que llevan casos tan delicados, y que se les encarguen asuntos tan complejos a funcionarios que permanecen en zonas rurales, donde los riesgos para sus vidas son mayores.
Nada es más grave en una democracia que el irrespeto a la justicia. Cuando se pasa por encima de ella, cuando se pisotea y, peor aún, cuando se asesina, cunde el miedo y el efecto intimidatorio termina convirtiéndose en impunidad, complicidad con el delito y pocas garantías para el buen ciudadano. El homicidio de la jueza Gloria Constanza Gaona, de 39 años, el martes pasado en Saravena (Arauca), es un caso en el que sus autores no tienen más objetivo que el de generar zozobra y temor, y entorpecer las investigaciones que esa jueza tenía bajo su responsabilidad. Hay varias hipótesis, todas ellas posibles.
Los responsables del atentado criminal son buscados intensamente, y quien facilite información que lleve a su captura recibirá $500 millones de recompensa ofrecida por el Gobierno Nacional. Las autoridades ya revelaron un retrato hablado del autor material, quien disparó en cinco ocasiones, y tendría unos 24 años, pero de los autores intelectuales no hay información alguna. Ojalá quien disparó el gatillo, si es capturado, revele las identidades de quienes están detrás del crimen, y logre esclarecerse una situación tan lamentable para la justicia colombiana.
Lo que se sabe es que la jueza estudiaba el caso del asesinato de tres niños y la violación de dos de ellos en Tame (Arauca) el año pasado, caso por el que se encuentra detenido el teniente del Ejército Raúl Muñoz, quien surge como uno de los sospechosos del crimen de la jueza, quien le había negado la libertad por vencimiento de términos, e incluso regañó a su defensa por las que llamó "tretas" para dilatar el proceso. Sin embargo, Gaona también llevaba casos relacionados con cabecillas de las Farc y el Eln, pero hay quienes dudan de que los autores provengan de esta dirección, porque a esos terroristas nunca les han preocupado los fallos de la justicia.
Lo cierto es que los familiares de la jueza aseguran que ella no había recibido amenazas, y avanzaba en el esclarecimiento del triple homicidio de los pequeños Torres de 6, 9 y 12 años de edad. No tenía esquema de seguridad y era protegida por el denominado Plan Padrino, consistente en el acompañamiento de un agente de la Policía, que justamente el día del crimen no estaba con ella. El Ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, ya manifestó que habrá penas ejemplares para los responsables. El CTI de la Fiscalía y la Dijín avanzan en las pesquisas, y lo deseable es que se llegue hasta los autores intelectuales del asesinato de Gaona, y caigan sobre ellos determinaciones drásticas.
Realmente es el colmo que no exista protección adecuada para jueces que llevan casos tan delicados, y que se les encarguen asuntos tan complejos a funcionarios que permanecen en zonas rurales, donde los riesgos para sus vidas son mayores. Es necesario que en estos casos el Gobierno y la judicatura logren acuerdo para mejorar la seguridad de los jueces. En este caso específico la Defensoría del Pueblo ya pidió a la Corte Suprema el traslado de las investigaciones a Bogotá, para blindar el proceso de presiones o de nuevos ataques a la justicia.
Por todo esto, es necesario repudiar con toda energía la violencia en contra de la justicia, organismos internacionales como la ONU deben estar atentos para advertir de las irregularidades que se puedan estar presentando, pues además del homicidio de la jueza debemos recordar que hace poco la Fiscal Antimafia, Ana Margarita Durán, tuvo que abandonar el país ante las amenazas de los criminales, y no podemos tampoco olvidar tantos otros casos de crímenes de lesa humanidad y magnicidios de los que aún se desconocen los responsables.
